Condenan a oficial de Marina de Guerra por intento de violación en Base Naval de Chimbote

Ricardo Martino Gonzáles, segundo comandante de la Base Naval de Chimbote, fue encontrado responsable del delito de actos contra el pudor en agravio de una marinero a la que intentó violar en las mismas instalaciones de la dependencia de la Marina de Guerra del Perú siendo condenado a la pena de cuatro años de prisión condicional.

 

Esta pena fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia del Santa el pasado 14 de octubre siendo apelada por el procesado y hoy la Primera Sala Penal de Apelaciones confirmó la condena tras la exposición del fiscal superior Germán Soto Ruiz que pudo rebatir los argumentos del abogado defensor que pugnaba por la inocencia de su cliente.

 

Los hechos se registraron la noche del 31 de enero del mes de enero del 2016 en uno de los torreones de las instalaciones de la Base Naval en la que la agraviada de iniciales S.T.CH. estaba cubriendo su servicio de vigilancia para el que fue designada.

 

Hasta su torreón llegó Martino Gonzáles vestido con una polera con capucha de color rojo y empieza a llamarle la atención por no hacer el santo y seña y además por no portar su arma de reglamento. Después de las explicaciones de la joven marinero, el oficial AP que presentaba síntomas de ebriedad le dicta órdenes inmorales contra la dignidad de la agraviada quien se negó en todo momento.

 

Frente a la negativa de la chica el procesado saca su órgano sexual y la empieza a tocar en sus partes íntimas en medio de la resistencia de S.T.CH. Todo lo sucedido en el torreón fue grabado en el celular de la víctima quien inteligentemente había dejado encendido la grabadora de su teléfono y además, una vez que se retiró el agresor, lo envió a su hermana para que lo guarde.

 

Precisamente este fue una de las pruebas contundentes que sirvió para que la justicia probara la responsabilidad del procesado quien ante la evidencia demostrada no pudo negar que la voz en el audio era suya.

 

Tras los debates en la instancia superior, el fiscal Soto Ruiz demostró a los vocales de la Primera Sala Penal de Apelaciones que no hubo vulneración al derecho de la debida motivación  de la resolución de la sentencia condenatoria siendo esta confirmada.

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