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Chimbote: juzgados laborales admiten escritos de persona fallecida para procesar a empresas extinguidas

Documentos presuntamente falsificados que llevan la firma de una persona fallecida son utilizados para demandar a dos empresas que ya no existen.


Se trata de supuestos certificados de trabajo que llevan la firma del abogado Iván Esteves Ríos con fecha del mes de febrero y marzo del año 2016, en su calidad de asesor legal de las desaparecidas empresas Cridani e Islay que son usados para plantear demandas laborales.


Sin embargo, para la fecha arriba anotada, el letrado ya había fallecido, pero los demandantes Fidel Carbajal De La Cruz y José Teodulo Sandoval Chuqui usan los "certificados de trabajo" en contra de las mencionadas empresas que ya no existen. Su extinción están inscritas en Sunarp con las partidas registrales 11629966 y 11146235, respectivamente.


Es por ello que Isidro Raúl Mantilla Cerna, ex liquidador de Cridani e Islay, ha denunciado penalmente en la Fiscalía por el delito de falsificación de documentos a quienes resulten responsables de este hecho que igualmente involucra a un abogado de la ciudad.


El ex liquidador tomó conocimiento de este caso cuando a su domicilio llegaron notificaciones de las demandas laborales en contra de las empresas antes indicadas formuladas en juzgados laborales.


Frente a ello ha presentado en el escrito de denuncia el acta de defunción de Esteves Ríos cuyo deceso se produjo el 16 de octubre del 2015. Igualmente ha precisado que las mencionadas empresas están extinguidas conforme a la Ley General de Sociedades 26887

"y no tienen personería jurídica por lo que no pueden ser parte en un proceso".


Sin embargo, a pesar de ello las demandas laborales han sido admitidas a trámites sin que se haya efectuado el control legal respectivo nombrándose curadores procesales a personas jurídicas que ya no pueden ser parte de un proceso, agregó el denunciante en su escrito de denuncia penal.


El juez laboral debió requerir información a la Sunarp respecto del estado de las empresas antes de admitir las demandas y evitarse incurrir en omisión de funciones en el que tendría responsabilidad.


Esta denuncia penal lleva el número de carpeta de investigación 1477-2019 en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa.

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